La revista digital El CEO publicó recientemente declaraciones atribuidas a José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien criticó la reforma legal al INFONAVIT y cuestionó la integración actual de su gobierno tripartita.
A este respecto, debemos precisar que tales críticas provienen de un sector de empresarios que por años lucró con la construcción de inmuebles de mala calidad y con sobreprecio. Dichos grupos buscan retornar al esquema del pasado en el que el Instituto financiaba sus negocios a costa del bienestar de las y los trabajadores.
Para empezar, es importante resaltar que la reforma a la Ley del Instituto fue ampliamente discutida en diversos foros llevados a cabo en el Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación y el INFONAVIT, donde participaron y expresaron sus puntos de vista integrantes de agrupaciones empresariales y sindicatos de trabajadores.
Dicha reforma, aprobada el 21 de febrero de 2025, establece que, en la conformación de los órganos de gobierno, se respeta el tripartismo paritario, homologándolos al esquema de gobierno corporativo del IMSS.
La eliminación de las direcciones sectoriales de los Trabajadores y Empresarial que no tenían funciones sustantivas, ni responsabilidades, pero sí percepciones económicas por encima del salario de la Presidenta de la República, permitió un mayor control y vigilancia del manejo de los recursos provenientes del ahorro de las personas trabajadoras.
También fortalecimos la transparencia y rendición de cuentas del Instituto al permitir la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), evitando casos de corrupción como el de la empresa Telra Realty, la cual no cumplió con los servicios para los que fue contratada por el equivalente de 100 millones de pesos, y en lugar de ser sancionada, se le indemnizó por más de 5 mil millones de pesos.
Esta situación contrasta con las prácticas del pasado ya que ante la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, y con el voto en contra del Sector Gobierno, el Consejo de Administración (siendo Medina Mora Consejero y con la presencia de su suplente) instruyó en noviembre de 2023 a la Dirección General del INFONAVIT a interponer un amparo contra el Informe de Resultados de ese órgano fiscalizador, argumentando que la ASF no tiene competencia para auditar los recursos privados que pertenecen a los trabajadores defraudados.
Otros casos de corrupción fueron la aprobación de proyectos de construcción de vivienda (bajo un esquema de financiamiento conocido como Línea III), por ejemplo, cuando el empresario José Medina Mora Icaza se desempeñó como Consejero, durante su gestión se autorizó financiar la construcción de 74 mil 241 viviendas en 505 proyectos, de ellos, 340 (67%) fueron propuestos por el Sector Empresarial que él representaba.
Esos proyectos quedaban inconclusos, no contaban con servicios básicos y las viviendas no eran entregadas a los derechohabientes, a pesar de que ya estaban pagando su crédito con el Instituto.
Derivado de esos 505 proyectos hay una afectación a 2 mil 910 derechohabientes a quienes NO se les ha entregado su vivienda, sobre todo por problemas con 3 de las SOFOMs designadas para la administración de esos recursos. El fraude al patrimonio de esas familias está contabilizado en 1 mil 925 millones de pesos.
Por otra parte, en dicha publicación Medina Mora se inconforma sobre el número de representantes de los organismos empresariales en los órganos de gobierno del Instituto.
Cabe mencionar que la integración de la representación empresarial en la Asamblea General, el Consejo de Administración y los Comités Auxiliares del INFONAVIT no obedece a una decisión discrecional del Instituto, sino que tiene su fundamento en la propia Ley del INFONAVIT y en las Bases emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 24 de febrero de 2025.
En ese sentido, la integración de los Órganos y Comités Auxiliares del Instituto se encuentra plenamente justificada y en apego a la normativa vigente, por lo que no procede su modificación.
Con respecto a las notas que mencionan un incremento en la cartera vencida del Instituto, es importante realizar el análisis de esta cartera, incluyendo los créditos segregados.
En tal sentido, al inicio de la administración en septiembre de 2024, el INFONAVIT tenía una cartera total de 6.3 millones de créditos, de los cuales 1.4 millones de créditos con un saldo de 567 mil millones de pesos se encontraban registrados en cartera vencida; sin embargo, se identificó que por un error en la aplicación del producto ”Flexipago” se excluyeron 117 mil 458 créditos que debieron considerarse como vencidos con un saldo de 41 mil 134 millones de pesos, ya que se eliminaban los atrasos hasta por 4 meses, distorsionándose el registro de la cartera vencida.
En julio de 2025 se corrigió su aplicación, derivado de una observación de la CNBV.
Y como resultado de lo anterior, los créditos en cartera vencida quedaron en 1.5 millones de créditos con un saldo de 608 mil millones de pesos.
Al cierre de junio de 2026, la cartera vencida disminuyó a 1.4 millones de créditos con un saldo de 586 mil millones de pesos.
La cartera vencida del INFONAVIT disminuyó de septiembre de 2024 a junio de 2026 del 29% al 27% respectivamente.
Dentro de la cartera vencida, es importante destacar el rubro denominado “segregados” que son aquellos créditos que ya no eran recuperables; sin embargo, con la reestructuración que implementamos en esta Administración actualmente se están recuperando 66 mil 300 millones de pesos, en el periodo septiembre 2024 a junio 2025.
Adicionalmente, es de resaltar que los créditos en cartera vencida tienen su origen principalmente entre los años 1998 y 2018, cuando las condiciones financieras de los mismos los volvían impagables. Cabe destacar la reducción en los últimos 2 años al grado que, de los créditos originados en 2026, tan solo 2 acreditados tienen atrasos.
De los 4 millones 856 mil créditos impagables identificados al inicio de esta administración, en diciembre del 2025 se concluyó la reestructuración, lo que ha incrementado el ingreso del INFONAVIT, en 436 millones de pesos promedio mensuales, comprobando que la gente paga más cuando tiene mejores condiciones de pago.
Con respecto a que la construcción de vivienda a través del INFONAVIT puede generar sobrecostos, es importante señalar que los desarrollos habitacionales del Programa de Vivienda para el Bienestar no los construye directamente el Instituto, sino que se ejecutan a través de empresas constructoras y desarrolladoras, principalmente afiliadas a la CANADEVI y la CMIC.
El INFONAVIT cuenta con mecanismos claros de supervisión de dichas obras, desde la presentación de los proyectos, su ubicación y su desarrollo, hasta la entrega de las viviendas. Cabe destacar que el costo promedio por vivienda para el Instituto es de 627 mil pesos incluyendo suelo, construcción de vivienda y obra de infraestructura para su habitabilidad es el mismo en todos los desarrollos, sin importar la empresa constructora del proyecto, lo que permite ofrecerlas a los derechohabientes a precios muy por debajo del mercado.
Además, a fin de fortalecer la transparencia y facilitar la participación de más empresas en el programa, se encuentra en operación una plataforma abierta en el portal de INFONAVIT Constructora, donde las desarrolladoras y constructoras interesadas en participar, pueden consultar los requisitos y el potencial de hogares faltantes por contratar a nivel estado y municipio.
El INFONAVIT reitera su compromiso por manejar con transparencia y rendición de cuentas los ahorros de los trabajadores y cumplir con su objetivo de brindar viviendas dignas y accesibles a sus derechohabientes.
