Al afirmar que solo el trabajo conjunto, interinstitucional e interdisciplinario, permite dar los mejores resultados en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial, a que como ya lo hace el Legislativo, acompañen en mayor medida el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

En la recepción del Primer Informe de Myrna Araceli García Morón como presidenta de la Codhem, organismo que, dijo, se moderniza y que cada día actúa con más pujanza y transparencia, el legislador reiteró su respaldo a la ombudswoman y al personal de la Comisión para que den los mejores resultados y reafirmen los buenos comentarios que ya expresa la opinión pública.

En presencia de los diputados Elías Rescala Jiménez y Enrique Vargas del Villar, vicepresidentes de la Jucopo; Omar Ortega Álvarez, secretario; y María Luisa Mendoza Mondragón, Sergio García Sosa, Martín Zepeda Hernández y Rigoberto Vargas Cervantes, vocales, así como de la diputada Juana Bonilla Jaime, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la diputada Mónica Angélica Álvarez dio por recibido en tiempo y forma el informe y programó su presentación ante el Pleno Legislativo. 

En su exposición, Myrna Araceli García informó que desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, y hasta el 31 de diciembre de 2021, este organismo recibió 2 mil 768 solicitudes de amnistía, de las cuales 257 fueron de mujeres, 2 mil 510 de hombres, de una persona de la comunidad LGBTTTIQ+, entre estas, 17 de pueblos originarios. 

Detalló la radicación de 10 mil 118 quejas, de las cuales siguen en trámite 3 mil 586, así como la emisión de 10 recomendaciones particulares y el cumplimiento de dos, y el seguimiento de otras 21. Entre las instancias con más quejas se encuentran la Fiscalía General de Justicia, los ayuntamientos, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, el Tribunal Superior de Justicia, los sectores salud y educación, la Secretaría de Seguridad y el Instituto de la Defensoría Pública. 

Informó que se calificaron 10 mil 966 derechos violatorios genéricos de acuerdo con el catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos de la propia comisión, y se realizaron mil 594 investigaciones de oficio, 17 mil 772 asesorías jurídicas y mil 063 medidas precautorias y cautelares a través de la visitaduría itinerante.