Frente a un panorama de incertidumbre laboral, el profesor Martín Soto Escobar, destacado académico de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), ha iniciado una querella legal en contra de la institución.

Al respecto, y por considerarlo de interés público se reproduce lo que el maestro ha escrito en sus redes sociales.

A LA OPINIÓN PÚBLICA:
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

En virtud de la publicación de documentos oficiales en la página anónima de “Chapingadas” —que no constituyen prueba alguna de que el suscrito haya cometido ilícito alguno—, y en la que, además, se vierte información falsa, difamatoria y calumniosa hacia mi persona, así como la filtración de la misma información al medio electrónico denominado “Infopolitano”, en el sentido de que he sido suspendido temporalmente del empleo de base que desempeño como trabajador académico por supuesto desvío de recursos, me permito comentar lo siguiente:

1. Que las acusaciones que se realizan en mi contra son totalmente falsas, y sin duda tienen como propósito dañarme política y moralmente, así como desviar la atención de los temas que verdaderamente interesan a la comunidad Universitaria. En este sentido, se viola en mi perjuicio el principio de presunción de inocencia que debe regir en todo procedimiento legal, al hacerme aparecer como responsable de ilícitos que no he cometido y respecto de los cuales, ni siquiera he sido citado, notificado o emplazado ni se me han dado a conocer; sin dejar de lado la acusación falaz, tendenciosa y sin fundamento de que el suscrito es Antorchista.

2. Que efectivamente he sido suspendido arbitraria, ilegal e injustamente de mi empleo como profesor investigador y se me ha disminuido y retenido ilegalmente mi salario por parte de la Administración Central. Dicha suspensión es totalmente arbitraria e ilegal, puesto que fue emitida fuera de todo procedimiento, por un órgano incompetente, como lo es la Unidad Jurídica, quien carece de atribuciones, conforme a la normatividad universitaria correspondiente, para emitir un acto de dicha naturaleza y suspender a un trabajador académico de base como lo es el suscrito. 

3. Que jamás he sido citado, notificado o emplazado en procedimiento administrativo, disciplinario o penal alguno, por órganos competentes como lo serían la Contraloría General Interna, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía General de la República (y tampoco por órganos incompetentes y sin facultades para ello, como lo son la propia Unidad Jurídica y la Dirección General de Administración de la Universidad), ni siquiera como testigo y menos aún con el carácter de presunto infractor o probable responsable de los hechos que injustamente se me atribuyen. Por ende, la administración central, por conducto de la Unidad Jurídica y la Dirección general de administración, no me otorgó mi garantía de audiencia, violando, además, de manera flagrante, el debido proceso; con lo cual vulnera mis derechos humanos, afectando, desde luego, mis derechos laborales, en clara transgresión al contrato colectivo de trabajo.

Por todo lo anterior, hago de su conocimiento que he interpuesto juicio de amparo en contra de los actos que violan mis derechos laborales y mis derechos humanos y que, precisamente, será ante las instancias jurisdiccionales competentes, y no en las redes sociales, donde se ventilará y resolverá este asunto. Con base en esto, les solicito que rechacen y denuncien la difamación y la injusticia hacia cualquier miembro de la Comunidad Universitaria.
Atentamente:

M. I. Martín Soto Escobar
Profesor Investigador T/C
Adscrito al DIMA