La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su «grave preocupación» por la aprobación en México de la reforma constitucional al Poder Judicial y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho.
La reforma al Poder Judicial, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, impulsa a partir de junio de 2025 la elección popular de jueces y magistrados, tras su aprobación por ambas cámaras del Congreso mexicano y el aval de más de la mitad de los 32 congresos locales.
«La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho», indicó este jueves el organismo en un comunicado.
Apuntó que la información disponible indica que la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas en dos periodos: 2025 y 2027, para dar paso a una elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte del país.
Además, llamó la atención de la CIDH «lo precipitado de las profundas modificaciones que podrían tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial».
Dijo que las críticas también señalan que «no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país».
La CIDH llamó a las autoridades del Estado mexicano «a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación».
Y frente a los conflictos, manifestaciones y las protestas públicas, exhortó a garantizar instancias de diálogo real, que aseguren la participación de todos los sectores interesados.
Este jueves, López Obrador anunció que el próximo domingo promulgará la reforma judicial para que a partir de junio de 2025 los mexicanos elijan en las urnas a los jueces, a la Suprema Corte y a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que castigará a juzgadores por sentencias irregulares.
Trabajadores del Poder Judicial y opositores han advertido de una posible «dictadura» o «autocracia» porque la iniciativa permitirá que el Ejecutivo postule candidaturas para todos los juzgados del país y reciban apoyo del oficialismo para las campañas, mientras que el Tribunal de Disciplina sancionaría a los jueces disidentes.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en huelga desde el 21 de agosto, anunció el miércoles que acudirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para frenar la iniciativa aprobada esta semana.
La reforma también ha despertado alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, por la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas campañas electorales de los jueces.
