Con 86 votos a favor y 41 en contra y sin abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma al Poder Judicial, en una maratónica jornada que incluyó portazo en la sede de la Cámara Alta, acusaciones de ambos bandos, toma de tribuna y más de cinco horas de debate en la sede alterna.
Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde lograron la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes) para concretar la reforma por la que, entre otras cosas, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial serán electos mediante voto popular.
En total acudieron 127 de los 128 senadores debido a la ausencia de Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, partido que denunció la supuesta detención del legislador en Campeche y que fue desmentida en diversas ocasiones por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.
Además del bloque morenista, Verde y del Trabajo, votó a favor el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ayer pidió licencia y luego se reincorporó, en medio de confrontaciones con el presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés.
Tras su aprobación en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia del Poder Judicial, ahora fue turnado a los Congresos de los estados de la República.
Los cambios con la reforma
La reforma constitucional también reduce de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de 15 a 12 años sus periodos en dicho cargo, y además elimina el Consejo de la Judicatura Federal.
Además, establece un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones.
La reforma señala que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República.
Y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.
