A través de una denuncia en redes sociales, la semana pasada vecinos de la unidad habitacional de la plaza comercial Cosmopol en Coacalco, Estado de México, reportaron que en el último piso de uno de los edificios estaba enjaulado y abandonado a la intemperie un perro Husky.

En su momento, los vecinos pidieron la ayuda de autoridades municipales para lograr la liberación del animal, que en apariencia, no tenia tampoco agua y alimento desde el día 22 de diciembre, además de estar expuesto a las inclemencias del tiempo.

El aullido desesperado del perro fue el que alertó a los habitantes del lugar, quienes al no tener respuesta de la administración municipal de Coacalco, recurrieron a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).

Ante la urgencia de los habitantes de este complejo habitacional, el ambientalista Arturo Islas Allende acudió al sitio, desde donde hizo un fuerte reclamo al presidente municipal Darwin Eslava Gamiño y a la misma PROPAEM para que tomasen cartas en el asunto, pues mantener en esas condiciones al animal era de lo más inhumano y mostraba la frivolidad del hombre.

Aquí puedes ver el video de Arturo Islas Allende

Fue hasta el pasado 28 de diciembre cuando autoridades municipales y estatales acudieron a verificar la situación; el perro, que ahora se sabe se llama Milton, ya había sido liberado por sus propios dueños, quienes habían salido de vacaciones y regresaron ese día.

Darwin Eslava Gamiño, presidente municipal de Coacalco, anunció que personal de la Dirección de Medio Ambiente y Salud municipal, acudió al lugar a verificar el estado de salud del Husky, pudiendo constatar que a pesar de la situación, el animal se encontraba en óptimas condiciones.

Los dueños de Milton enfrentarán un procedimiento administrativo por parte de la autoridad municipal, con base en el Código para la Biodiversidad del EDOMEX por maltrato animal, pues el abandono se considera que atenta contra el bienestar del perro.

A su vez, la PROPAEM también anunció que iniciara otro procedimiento contra los dueños, para determinar su grado de responsabilidad en estos lamentables hechos.

La legislación local tiene contempladas penas que castigan estos actos, van desde los seis meses hasta los tres años de prisión, además de multas desde los cien a doscientas Unidades de Medida Administrativa (UMA)