La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite siete controversias constitucionales contra la primera parte del llamado ‘Plan B‘ electoral.
Se trata de impugnaciones impulsadas contra las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los procesos, admitidos por el ministro Alberto Pérez Dayán, fueron presentados por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato.
El ministro rechazó el otorgamiento de una suspensión que solicitaron los municipios, debido a que se trata de recursos contra normas generales y porque no se actualiza la excepción establecida por la Corte, que consiste en que la suspensión solo puede otorgarse cuando se transgreda algún derecho humano.
Estas controversias constitucionales se suman a las presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua.
